Los riesgos de la imprecisión sobre la evaluación de las políticas públicas

Los riesgos de la imprecisión sobre la evaluación de las políticas públicas

A finales de la década de los 80, se comenzaba a hablar de forma muy incipiente en nuestra Comunidad Autónoma, de la necesidad de la evaluación con la motivación de conocer los efectos de un programa para, a partir de estos, buscar posibles aspectos de mejora. Tal como lo planteara König, (1989) en su artículo “Sobre la evaluación de los programas estatales“, en un intento de saber: ¿Qué resultado ofrece el análisis del problema y cuáles son las causas del mismo? ¿Qué factores pueden ser cambiados? ¿Con qué métodos de aplicabilidad común se pueden alcanzar los objetivos de forma completa o razonablemente parcial? ¿Cuáles son los instrumentos de actuación más adecuados, teniendo en cuenta el esfuerzo y la carga que representan para el ciudadano y la economía, así como la eficacia, coste y gasto para los presupuestos públicos; la repercusión sobre las normas existentes, efectos secundarios; la comprensión y aceptación por parte de los destinatarios y aplicadores?

Treinta años después, la evaluación se ha abierto camino en la cultura y práctica de nuestras administraciones públicas vascas, pero todavía no ha conseguido introducirse de forma sistemática como un elemento de mejora continua. Entre los diversos motivos que explican que esta tarea de evaluar presente cierta resistencia a ser asumida como un instrumento al servicio de la gestión pública, pesa, de forma importante, la imprecisión que se tiene sobre el mismo concepto de evaluación. Es por ello esencial disipar de la evaluación posibles malentendidos para que no suscite recelos entre los gestores y responsables políticos y, más aun, encuentre en estos el necesario apoyo e impulso.

Como bien ha expuesto Shaw (2003) en su obra “La evaluación Cualitativa”, no existe un único propósito evaluativo, o dicho de otra forma, el mismo término evaluación en sentido amplio, puede utilizarse con acepciones muy diversas: responsabilidad; rendición de cuentas de la actividad llevada a cabo por la administración; transparencia; control; rendimiento; idoneidad de las políticas; instrumento para la mejora de las decisiones, instrumentos operativos y asignación de recursos. Es en este último sentido donde, la evaluación va a adquirir mayor utilidad y su operatividad se va a encontrar con menos obstáculos y más aceptación.

El objetivo de la evaluación no es por tanto, un juicio de valor sobre la idoneidad de la política pública y de la forma en cómo ésta ha sido gestionada, sino el necesario análisis que nos lleve a plantear un conjunto de propuestas que ayuden a formular, decidir y gestionar nuevas políticas públicas. Así planteada, como un instrumento para la mejora de la gestión pública, no debería suscitar recelos.

Además, ha de quedar clara también la diferencia entre la evaluación de programas y el ejercicio de la responsabilidad política, o el control de las cuentas, por ejemplo por la institución del parlamento, como diría Dente (1991) en su artículo “El análisis de las políticas públicas en la práctica: El control de gestión en las administraciones regionales” esta institución (el parlamento) ya cuenta con sus propios instrumentos de control de la actividad del ejecutivo, aunque no por ello descarta este autor, que el parlamento siga con interés los trabajos de evaluación que se llevan a cabo en el ejecutivo.

Las evaluaciones, aunque pilotadas por los gestores de las políticas, parece lo deseable que se plantearan, no solo por motivos de objetividad y credibilidad, sino también prácticos, como evaluaciones mixtas (colaboración con grupos de evaluadores externos) y participativas con los diversos agentes (grupos objetivo, beneficiarios finales, terceros) que se han visto involucrados en la política o programa.

Encontramos también, que en el mundo en torno a la evaluación, sigue imperando una preocupación por las mediciones, la fiabilidad y la validez, y otros intereses propios de la metodología cuantitativa, que sin duda son necesarios, pero muchas veces ensombrecen otros instrumentos de evaluación, como los cualitativos. En definitiva, habrán de ser los retos y las limitaciones particulares con que se enfrenta cada evaluación las que nos marquen el equilibrio entre unas metodologías y otras. Shaw (2003) nos dice en su obra que “Lo que distingue de forma importante a una metodología de evaluación de otra no son los métodos, sino qué preguntas se abordan y qué valores se fomentan.”

En otro orden de cosas, las evaluaciones conllevan un gasto y debería su coste contemplarse en las previsiones presupuestarias de los programas, pues difícilmente, por ejemplo, un trabajo de campo puede llevarse a cabo sin coste alguno. No dotar presupuestariamente un programa para que pueda ser evaluado aboca al mismo a quedar supeditado a la buena intención (ganas, tiempo, formación) de sus gestores en que se lleve a cabo la evaluación o la búsqueda de recursos.

Así mismo ayudaría a dar una continuidad a la tarea de evaluar, al menos hasta que esta se realice de forma sistemática, el hecho de que cada programa, en su normativa de creación, contemple la necesidad de que éste sea evaluado (Sunset Legislation).

Por todo lo expuesto es necesario que cale todavía más la cultura de evaluar, haciendo ver los beneficios que esta puede aportar en la mejora de la acción pública, así como por el contrario, los costes, y no solo los económicos, de la ausencia de evaluación de las políticas o programas públicos.

Categories: Firmas invitadas

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Jaione Mondragon

Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad del País Vasco. Especialista en políticas públicas.

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