La propiedad intelectual y la digitalización de los Procesos de Negocio

La propiedad intelectual y la digitalización de los Procesos de Negocio

Hace ya muchos años que es impensable la prestación de gran parte de los servicios a los ciudadanos y a las empresas desde las Administraciones Públicas sin que se haga con ayuda de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) o si se prefiere, apoyándose en su digitalización, que es lo mismo. En realidad esta afirmación no sólo se restringe al ámbito del Sector Público sino que es aplicable a cualquier Sector Económico en el que pensemos y, para llevar esto a cabo, es necesario contar con determinadas infraestructuras informáticas, tanto de Hardware (computación y comunicaciones) como de Software, cuyo uso suele implicar el pago de algunas licencias, con sus correspondientes costes de adquisición y de mantenimiento.

La digitalización de los procesos de negocio conlleva, por tanto, el pago de derechos por la Propiedad Intelectual de terceros que intervienen en esta actividad. A estos derechos de terceras partes se añade el valor añadido que aportan las empresas que encargan nuevos desarrollos o que adaptan las aplicaciones de mercado para que se ajusten a sus necesidades o, cuando esto último no es posible, al desarrollar aplicaciones específicas que satisfagan totalmente los requisitos de sus necesidades, gestionando el valor añadido por la propiedad de estas soluciones. Pues no sólo quien especifica sus necesidades genera valor en esta cadena sino que también lo hace quien realiza el desarrollo de la correspondiente solución informática y, muchas veces, no se delimitan muy bien cuáles son los derechos de cada una de las partes que intervienen en la digitalización de un proceso a lo largo de todo su Ciclo de Vida. Especialmente si no se adopta una visión de conjunto, de ahí que para resolver esta cuestión el Grupo Gartner popularizara, allá por 1987, el concepto del Coste Total de la Propiedad de los recursos TICs que emplean las organizaciones.

Además, entre las Administraciones Públicas es usual, aunque quizá no lo sea tanto como sería deseable, abaratar los costes de desarrollo de aplicaciones informáticas, que no de su mantenimiento, reutilizando soluciones desarrolladas por otras Administraciones Públicas, firmando los convenios necesarios para ello. Aunque ésto suele tener también el inconveniente de generar un nuevo gasto debido a que se requiera la adaptación previa de las aplicaciones que se van a reutilizar porque lo más probable es que se trate de una reutilización tardía o no planificada desde un principio entre las distintas Administraciones Públicas interesadas en su uso y que no se hayan desarrollado las aplicaciones a partir de una puesta en común de las necesidades generales y particulares de todas ellas.

A todo esto tenemos que añadir las implicaciones que conlleva el Modelo de Negocio con el que se gestionan las TICs, esto es, si se basa en desarrollos de carácter privativo y el consecuente pago de licencias de terceros que se suma a los derechos y costes de los propios desarrollos, o si se evita en gran parte el pago de licencias por el uso de la propiedad intelectual de terceros por medio de la uilización y reutilización de desarrollos hechos con Software de Fuentes Abiertas; teniendo siempre presente las posibilidades y restricciones que ofrece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por todo ello, también creemos que es interesante reflexionar sobre estos asuntos, como lo estamos haciendo en el proyecto sobre el Modelo de Gestión de las TICs que estamos llevando a cabo en el marco del Plan de Innovación Pública (PIP).

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