¡Es la colaboración, estúpidos!

¡Es la colaboración, estúpidos!

Es verdad que en esta legislatura se han firmado varios convenios de colaboración para el intercambio de datos con otras administraciones y organismos públicos. Y es verdad que han comenzado a funcionar estos servicios de interoperabilidad, evitando que los ciudadanos tengan que aportar buen número de certificados de datos que ya obran en poder de la Administración pública.

Pero también es verdad que en este ámbito hemos conseguido avanzar menos de lo que hubiéramos querido y, por supuesto, menos de lo que hubiera sido deseable. Y también es verdad que llegar hasta donde hemos llegado y poner en marcha los servicios de interoperabilidad que actualmente están funcionando ha costado mucho más de lo que tendría que ser normal.

Me queda pues en este punto un sabor agridulce.

Según el Estudio “La Administración pública a juicio de los ciudadanos: satisfacción con los servicios, valoración del gasto, confianza en los empleados públicos y actitudes hacia la e-Administración” (AEVAL, 2011), el trámite más demandado por los ciudadanos cuando acuden a una oficina de la Administración es “solicitar un certificado”, con una frecuencia superior al 30% de las visitas (Gráfico 2.47, en página 63 del Estudio). Paradójicamente, es un derecho de los ciudadanos “no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información” (Artículo 6, Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos).

Este dato es un buen indicador de la potencia simplificadora de los servicios de interoperabilidad para el intercambio de datos entre administraciones públicas. De hecho, el pleno desarrollo de los servicios de interoperabilidad para eliminar los certificados en papel de datos que ya obran en poder de la Administración pública es con diferencia el principal factor de reducción de las cargas administrativas que soportan actualmente la ciudadanía, las empresas y el resto de agentes que interactúan con la Administración pública.

La colaboración administrativa para desarrollar plenamente estos servicios de interoperabilidad para el intercambio de datos debe ser, por tanto, una prioridad de la próxima legislatura en el ámbito de la Administración electrónica.

Conseguir unos resultados espectaculares de simplificación y reducción de cargas administrativas, mediante el desarrollo de estos servicios, depende de dos condiciones: voluntad política y dedicación de los recursos mínimos necesarios.

Sin ninguna duda, el esfuerzo merecerá la pena.

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Iñaki Ortiz

Responsable de Proyectos Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA) Departamento de Administración Pública y Justicia Gobierno Vasco

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