El País Vasco mantiene su liderazgo en transparencia en el ranking de comunidades autónomas que elabora Transparencia Internacional

El País Vasco mantiene su liderazgo en transparencia en el ranking de comunidades autónomas que elabora Transparencia Internacional

En el año 2010 Transparencia Internacional España creó el Indice de transparencia de las comunidades autónomas (INCAU) como medida de lucha contra la corrupción y de estímulo al cambio cultural que las instituciones públicas tenían que ir produciendo para la apertura de su gestión y funcionamiento a la ciudadanía.

En la primera medición del 2010 el País Vasco obtuvo una puntuación de 57,5 sobre 100 situándose en el puesto 14 de 17 en el ranking de Comunidades Autónomas. Dos años después, en el 2012 nuestra comunidad obtuvo 97,5 puntos sobre 100, colocándose así en la primera posición de dicho ranking.

En esta ocasión, acabamos de conocer que nuestro trabajo ha dado sus frutos y que mantenemos esa primera posición en 2014, habiendo obtenido la puntuación máxima (100 puntos sobre 100), a pesar de que los indicadores nuevos que se han incorporado a la evaluación resultan más complejos de publicar y requieren instaurar una nueva cultura administrativa con importantes cambios en la forma de concebir la gestión pública y el funcionamiento de las instituciones. La información publicada puede visualizarse en Gardena, nuestro portal de transparencia, que estrena esta semana visualizaciones más accesibles.

Estando, como estamos, muy satisfechos con estos resultados, no es óbice para admitir que convertirse en un “gobierno transparente” no es únicamente contar con un buen portal de transparencia ni alcanzar los primeros puestos en estos rankings, aunque ello haya sido imprescindible para iniciarse y avanzar en la cultura de la transparencia.

En el post del pasado 2 de julio ya señalábamos que la transparencia está unida a la filosofía del Buen Gobierno, y que parte del principio de que la información pública pertenece a la ciudadanía y que la limitación en su acceso debe constituir la excepción. La transparencia consiste en poner a disposición de la ciudadanía cualquier información que se genere o esté en poder de las administraciones públicas bien para rendir cuentas de su gestión, bien para contribuir a una ciudadanía más informada, bien para estimular la colaboración ciudadana en los asuntos públicos, e incluso para favorecer que su reutilización genere valor económico en nuestra sociedad.

Implantar la cultura de la transparencia en una institución pública conlleva, en primer lugar, un fuerte liderazgo político que incorpore este objetivo entre sus prioridades estratégicas, de modo que ello contribuya a vencer las resistencias que surgen en organizaciones que han estado tradicionalmente muy volcadas en su buena gestión interna pero que han olvidado su proyección hacia afuera. Y la ciudadanía ha cambiado mucho. Existe una fuerte demanda de información pública y una enorme capacidad colectiva para incorporar su visión y capacidad de acción en la generación de valor público en colaboración con las instituciones. Esto resulta ya incuestionable. Sirva como dato, quizás simplista y reduccionista, que en Euskadi hace 30 años contábamos con 5 personas con titulación superior por cada mil habitantes frente a las 535 por cada mil con que contamos actualmente.

Por otra parte exige también medidas organizativas que garanticen que desde cualquier rincón de la administración se atienden las demandas de información de cualquier ciudadano o ciudadana y que se publique proactivamente cualquier información que contribuya a la fines mencionados al inicio de este post. No sirven sistemas centralizados de la información, sino mecanismos flexibles descentralizados acompañados de unidades de seguimiento y control de su cumplimiento, ya que, no en vano, se trata del ejercicio de un derecho reconocido en la Ley 19/2013, como es el derecho de acceso a la información pública.

Las tecnologías de la información son buenas aliadas porque, siempre que ello se prevea en su front office, la información que se maneja internamente puede ir publicándose de forma automática y casi sin esfuerzo añadido en los canales de exposición pública que resulten más accesibles para la ciudadanía.

Pero el auténtico reto lo constituye el cambio de los valores que han de presidir la acción de las administraciones y de los gobiernos. Culturas basadas en la integridad de sus gestores públicos, en la eficacia y eficiencia de la acción pública, en la participación y colaboración con la ciudadanía, con la comunidad y con los agentes interesados en la promoción del interés común y en la generación de valor público, no tienen por qué tener dificultades para convertirse en buenos gobiernos transparentes. Este es el gran desafío y el Gobierno Vasco está en buena línea, tal y como se ha contemplado en la primera línea estratégica del Plan de Innovación Pública 2014-2016, recientemente aprobado.

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Koldobike Uriarte

Responsable de proyectos de innovación pública de la DACIMA. Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco

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